Comunicación EMSIL
Comunicando EXTRA. Jueves 28 de diciembre de 2023. Por considerarlo de especial interés para los
directivos y trabajadores de la EMSIL, circulamos este Comunicador Extra a través del correo electrónico y
nuestros habituales medios de comunicación institucional
Proyecciones del gobierno para
corregir distorsiones y reimpulsar la economía (+ Video)
Por: Randy Alonso
Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Lisandra Fariñas Acosta, Claudia
Fonseca Sosa, Deny Extremera San Martín
·
Corregir las
distorsiones que están presentes en el país
·
Ministro de Economía: Las medidas no tienen un carácter neoliberal
·
Medidas para los
actores no estatales de la economía
·
Subsidios, ahorro y mercado cambiario
·
¿Qué cambia en
materia de impuestos y tributos?
·
Inflación y precios
·
¿Qué medidas
entran en vigor el primero de enero?
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El Viceprimer ministro y
ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el Ministro de
Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale comparecen este miércoles en la
primera de varias Mesas Redondas dedicadas a informar a nuestro pueblo sobre
los fundamentos y el carácter específico de las decisiones de nuestro gobierno
para corregir las distorsiones principales de la economía cubana y reimpulsarla
en el año 2024.
Corregir las distorsiones
que están presentes en el país
El vice primer ministro y
ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, comentó que ha sido una semana
intensa para el análisis del comportamiento de la economía, tanto en la sesión
de la Asamblea Nacional del Poder Popular como en el pleno del Comité Central
del Partido.
“Repasamos todo el resultado
de los lineamientos, posteriormente se realizaron debates en todas las
comisiones de la Asamblea Nacional y luego en el plenario, con la presentación
del primer ministro y las indicaciones de nuestro presidente”, recordó.
Cuba –dijo Gil
Fernández– está enfrentando “un escenario de economía de guerra, como
se le ha llamado, con las presiones del bloqueo recrudecido, que dificulta
todas las gestiones que tenemos que hacer para el desempeño económico del
país”.
En medio de las tensiones
que enfrenta el país para mantener la vitalidad en lo económico y en lo social,
a partir de los recursos económicos disponibles, “hay que sobreponerse, hay que
encontrar las alternativas. Es diseñar medidas acordes con nuestro
modelo económico y social, inclusivas en nuestro socialismo, y que nos
permitan, con objetividad, con realismo, salir adelante”.
En eso se basa –agregó– la
presentación que ha hecho el Gobierno para enfrentar las complejidades,
reimpulsar la economía y corregir las distorsiones que están presentes en el
país.
Al referirse a las
distorsiones, el vice primer ministro dijo que se han señalado, partiendo del
propio trabajo que ha realizado el Gobierno, las evaluaciones hechas a lo
interno del funcionamiento de las instituciones, de la economía.
“Como dijo el presidente,
muchas de ellas están dadas por el complejo escenario de tensión en que se han
ido tomando para enfrentar las complejidades de la economía. Han sido
señaladas, además, en el debate con los académicos y de la opinión de la población,
incluso las opiniones reflejadas en Cubadebate”.
Canasta familiar normada
En el caso de la canasta
familiar normada, Gil Fernández señaló que hay una opinión en la
población de que se mantienen los subsidios a todas las personas por igual; sin
embargo, no todos tienen la misma capacidad adquisitiva.
Eso –dijo el vice primer
ministro– “es algo que tenemos que revisar, porque esa pretensión de mantener
el aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad no es
una distribución muy equitativa. Sobre todo, por el altísimo costo que tiene
para el país mantener la canasta familiar normada, cuya importación cuesta más
de 1 600 millones de dólares, 700 millones más que en el 2019, por el
incremento de los precios” en el mercado internacional.
En ese contexto, hasta
qué punto es factible “mantener un nivel de asignación en la entrega de
productos con los mismos precios subsidiados a los mismos precios de la
población, cuando no todos están en la misma situación de solvencia económica”.
Es una distorsión que es
necesario corregir. “Son cuestiones que estamos evaluando. Para nada
esto significa que se va a quitar la canasta, eso se ha explicado ya. Se
mantiene la asignación física de productos. En lo que se trabaja es en
cálculos, para mover algunos precios y que los subsidios se trasladen a las
personas que están en situación de vulnerabilidad y no sean de carácter masivo
a todos los productos que se entregan por la canasta familiar normada”, aclaró.
Combustible
Una segunda distorsión, la
relacionada con el combustible, “la hemos estado enfrentando hace unos años,
pero se ha hecho más visible. La propia población la menciona, está en los
estados de opinión. ¿Puede este país mantener esos precios de los combustibles,
que probablemente sean los más bajos del mundo en comparación con los precios
de otros países, y también cuando se los compara con los precios de las divisas
en el mercado informal cubano?”.
Señaló que es “un asunto que
debemos revisar también, porque tiene que ver con la escasez de combustibles
que enfrenta el país y lo que le cuesta mantener un nivel de oferta que,
evidentemente, no puede venderse subsidiado”.
Según el ministro, uno
de los principales problemas que tiene la economía “es que lo que vende no
cubre los costos para reaprovisionarse. Si usted compra combustible y lo vende
más barato de lo que le costó, ¿cómo compra el barco que viene atrás?”.
Es combustible que se compra
con divisas en el mercado externo, se vende a precio bajo en moneda nacional,
“y no tenemos todavía un mecanismo interno de convertibilidad que asegure que,
con esos pesos cubanos, se puedan comprar dólares y volver a importar el
combustible.
“La población, y nosotros
mismos, lo hemos abordado en los espacios de debate que tenemos. ¿Hasta cuándo
es sostenible eso? ¿Y quién lo paga? Un elemento que tenemos que introducir
en el debate conceptual y práctico sobre las medidas es que nada tiene un costo
cero. La del combustible es una de las situaciones que requieren solución”.
Electricidad
Lo mismo pasa con la
electricidad, apuntó. “Sabemos que en el mundo eso es una presión tremenda,
para las familias tienen que ahorrar energía, porque tiene un alto costo. Nosotros
tenemos que incentivar ese ahorro con determinadas medidas, porque cuando hay
un consumo que supera una determinada cuantía (lo hemos fijado en los 500
kWh/mes), quienes más consumen también generan determinada afectación para
quienes menos consumen, pues cuando hay que poner el apagón es para todo el
mundo. El apagón no discrimina quién es el mayor y el menor consumidor”.
Gil Fernández precisó que
hay medidas que no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan crear
condiciones más favorables para estimular el ahorro necesario para la
economía.
“Ese es otro asunto que
tenemos sobre la mesa, otra de las distorsiones. Está subsidiada la
tarifa de electricidad, no solo para los bajos consumidores, sino para quienes
tienen consumos más elevados”, dijo y explicó que detrás de este escenario
está el costo en divisas que implica la generación de energía, “que no lo
recuperamos con la venta de energía interna en el país. Entonces, otra vez,
¿hasta dónde es sostenible eso? ¿Quién lo paga? Al final la respuesta es que lo
pagamos todos”.
Actores no estatales de la
economía
Gil Fernández abordó también
a los estados de opinión sobre el funcionamiento de las mipymes. Comentó que la
población se queja de que el Estado tiene poca oferta y que hay espacios del
mercado en los que el Estado no está participando como oferente y que “si
quieres comprar determinado producto, tienes que acudir a las mipymes. ¿Eso es
una distorsión o no es una distorsión?”.
Agregó que “los actores
económicos no estatales en la economía tienen una función complementaria, no
una función principal. El diseño de nuestro modelo no es uno en que el Estado no sea
oferente de bienes y servicios y que sea solo el sector privado, pero nos está
pasando. Y tiene sus explicaciones, y también tiene que ver con las
correcciones que debemos implementar”.
Transporte
Explicó que las
tarifas de transporte del sector estatal, “que de una manera u otra están
topadas”, no cubren los costos de las empresas estatales y “es por ello que
muchas empresas de transportación de pasajeros y de carga estatales están en
pérdidas.
“¿Qué incentivos tienen los
trabajadores de esas entidades si están en pérdidas? ¿Cómo van a generar más
ingresos para la repartición de utilidades?”.
Sobre este tema, recordó que
del grupo de empresas en pérdidas del país, el 36% es porque tiene precios o
tarifas topados. “Eso es antinatural, hay que corregirlo. Estas son distorsiones
que debemos corregir de alguna manera”.
No es para nada una cruzada
contra las mipymes
Según el ministro de
Economía, el escenario es complejo desde el segundo semestre de 2019, con el
recrudecimiento del bloqueo, los efectos de la crisis generada por la pandemia,
que golpeó el turismo y otras actividades productivas, y el escenario actual
que enfrenta el país.
“Es una acumulación, y en
ese periodo se ha adoptado un grupo de medidas como la incorporación del sector
no estatal de la economía, se eliminó la restricción de la escala salarial en
las empresas estatales y se quitaron las restricciones para repartir utilidades
en el sector empresarial estatal. Ha habido un conjunto de medidas. Ninguna
medida está exenta de riesgo, y han incorporado ciertas distorsiones que es
necesario corregir”, explicó.
Dijo también que las
normas jurídicas para los actores económicos no estatales se realizaron sin
tener una experiencia previa de su funcionamiento en la economía.
“Teníamos una experiencia de
cómo operaban los trabajadores por cuenta propia, así como las cooperativas
agropecuarias y las no agropecuarias. Se hizo el parquet normativo, se pusieron
en vigor las normas, y dijimos que a los dos años se realizaría un corte para
evaluar su funcionamiento.
“O sea, no es para
nada una cruzada contra las mipymes. De hecho, en el plan de la
economía para 2024 estamos previendo que se constituyan unos 4 000 nuevos
actores económicos no estatales, generando más de 50 000 empleos. Esto no es
una meta en sí misma, es una proyección. No hay ninguna cruzada, sino
que hay una corrección para bien del país, de su funcionamiento económico y del
pueblo”.
Ministro de Economía: Las
medidas no tienen un carácter neoliberal
Ante versiones de que las
medidas tienen un carácter neoliberal, Gil Fernández precisó que todas
estas decisiones parten de un amplio proceso de consulta y análisis dentro de
las instituciones gubernamentales, con la participación de académicos, la
militancia del Partido, y con los análisis realizados sobre la opinión del
pueblo.
“Sobre el neoliberalismo, yo
podría decir que es todo lo contrario. El neoliberalismo apunta a reducir al
mínimo la intervención del Estado, a eliminar o reducir la regulación de los
mercados, a incentivar la libre competencia y la privatización. ¿Cuál de las
medidas que estamos implementando va en esa dirección?.
“Nosotros estamos hablando
de aumentar el papel del Estado como ente regulador en la economía, de
intervenir en el mercado cambiario. No estamos hablando de más privatización. Estamos hablando de
fortalecer la empresa estatal socialista, establecer mecanismos para la
regulación de precios y evitar que la competencia se imponga como mecanismo
principal para la asignación de recursos en la economía. ¿Qué tiene que ver con
el neoliberalismo lo que estamos implementando en materia de corrección de
distorsiones”.
Subrayó que estas
medidas se toman para proteger las conquistas sociales de la Revolución.
“Hay que entender que si no
hacemos esto, sí nos cuesta trabajo avanzar. Son medidas diseñadas para
fortalecer el papel de conducción central de la economía, que es la
planificación centralizada de la economía, que no significa distribución
centralizada de recursos, y el papel del Estado.
“Para nada el Estado reniega
de sus responsabilidades, que eso sí sería el neoliberalismo: que el Estado se
desentendiera, que viviera de los impuestos, liberara los mercados,
desregulara, se retirara de la función que desempeña hoy. Ninguna medida va en
esa dirección”, recalcó el vice primer ministro cubano.
“Vamos a medidas
socialistas, inclusivas, de protección a nuestro pueblo, de protección a
vulnerables. Todas las semejanzas que se quieran hacer con paquetes
neoliberales es pura mala intención. No tienen ningún basamento
científico ni ningún elemento de juicio, razonable.
“Reiteramos que las medidas
apuntan a corregir distorsiones en tiempo, como le corresponde hacer a un país
como el nuestro, sometido a una guerra económica y en permanente
transformación. Todas esas transformaciones tienen riesgos, van generando
distorsiones que debemos corregir.
“No es corregir distorsiones
por corregir, sino para estar en mejores condiciones más favorables para el
reimpulso de la economía, para marcar una tendencia más acelerada en la
recuperación económica, para tener una mayor protección social a personas y familias
en situación de vulnerabilidad y una distribución más justa y equitativa de la
riqueza que se crea. Y para recuperar equilibrios macroeconómicos que, por
estas distorsiones, y por las complejidades que atraviesa la economía, se han
amplificado en los últimos años”, afirmó Gil Fernández.
“Por ejemplo, el déficit
fiscal de hoy todos coincidimos que es alto, porque un déficit que supera el 15
o el 18% del PIB a precios corrientes está sobredimensionado, y tenemos que
corregir eso. Las acciones para hacerlo tienen que ver con impuestos, con los
precios y con medidas encaminadas en esa dirección”.
El propósito principal
–añadió el ministro de Economía y Planificación– es acelerar el proceso
de recuperación económica del país, proteger a las capas de nuestra población
que están en situación de mayor vulnerabilidad, alcanzar una distribución más
justa y equitativa de las riquezas que tiene el país e incentivar la producción
y el trabajo. Y, por esa vía, sostener nuestras conquistas sociales.
Más socialismo es lo que estamos buscando”.
Más adelante, en su
intervención en la Mesa Redonda, apuntó que “sabemos que
algunas medidas pueden acentuar algunas de las problemáticas que tenemos hoy,
pero que nos permitirán en el mediano plazo ir corrigiendo las distorsiones y
avanzar más aceleradamente en la economía, para bien del pueblo, de todos
los cubanos, y para avanzar en nuestro sistema social”.
Medidas para los actores no
estatales de la economía
En otro momento, Gil
Fernández reiteró que las medidas con los actores no estatales de la
economía no implican detención del proceso ni represalia. “En estos
dos años, hay más de 10 000 mipymes aprobadas. Ese es el primer indicador de
que no hay detención. Sobre su funcionamiento, estamos oyendo al pueblo y
estamos revisando las cosas que nosotros mismos implementamos en las normas y
que, pasados dos años, como ya expliqué antes, había que revisar”.
Sostuvo que un
primer paso es trasladar las facultades de aprobación a los municipios. “Esta
es una medida positiva, para nada está contra las mipymes, porque se entiende
que ya, transcurridos dos años desde la implementación, hay más conocimiento y
experiencia en su manejo.
“Tenemos que acercar la
decisión de la evaluación de esos negocios, que son a pequeña escala, a su
vínculo con el desarrollo local, territorial, y con las estrategias de
desarrollo municipal. Por lo tanto, es una medida que es para bien, no
solo del entorno económico del país, sino del desarrollo de esos actores
económicos, insertados en la estrategia de desarrollo de los municipios”.
Precisó que será gradual.
“No vamos a hacerlo de un golpe, de un día para otro, para todos los
municipios. Pero es una medida que estaba prevista y que íbamos a ir
incorporando en la medida en que fuéramos ganando experiencia en el manejo, la
conducción de estos actores económicos”.
Explicó que una segunda
medida es la revisión de la lista de actividades no autorizadas. “Dimos
un paso importante cuando pasamos de una lista de actividades permitidas a una
de no autorizadas; o sea, de listar lo permitido a listar lo no autorizado,
todo lo demás está permitido. Estamos revisando la lista en
correspondencia con las condiciones actuales luego de hacer un profundo
análisis con los organismos, recibir criterios de los Gobiernos
territoriales…
“No va a haber grandes
acotaciones, solo se corregirán algunas cuestiones y se harán precisiones. No
hay una gran transformación en la lista de actividades no autorizadas”.
A continuación, el vice
primer ministro informó que se está trabajando en la creación de un
instituto. “Iremos avanzando poco a poco en su creación y su
consolidación, pero está diseñado para una atención coherente del sector no
estatal de la economía y, después, su vínculo con los organismos de la
Administración Central del Estado; el fomento de las políticas, la
implementación de determinadas normas”.
Precisó que sería
para todos los actores económicos no estatales, no solo para las mipymes. “Comenzamos
por las mipymes, pero también se incorporará la atención a las cooperativas no
agropecuarias, que hoy están dispersas en cada uno de los organismos en
correspondencia con el tipo de actividad que desempeñan; las cooperativas
agropecuarias, hoy en el Ministerio de la Agricultura, y los trabajadores por
cuenta propia, que son casi 600 000”.
De acuerdo con Gil
Fernández, el instituto “nos va a ayudar en la conducción de los actores
económicos no estatales, sin que haya una intervención directa desde el punto
de vista administrativo.
“Este país demanda una
organización. En los dos últimos años, el Ministerio de Economía ha estado
asumiendo esa función por encima de las que le corresponden. En el mismo puesto
de mando está confluyendo una economía muy centralizada desde el punto de vista
de asignación de recursos, de combustible, divisas, balances materiales, con la
atención a los actores económicos no estatales, con el plan nacional de
desarrollo y con la proyección estratégica del país.
“Entonces, hay que buscar
fondo de tiempo para las cuestiones que son realmente más transformadoras, que
puedan hacer al país crecer y sostener ese crecimiento en el tiempo”.
El ministro de Economía
sostuvo que hay experiencias suficientes en el mundo y se han estudiado aquí
todas esas experiencias internacionales para identificar cuál es la mejor
manera de atención, “no solo para los actores económicos no estatales, pues también
estamos trabajando en cómo debe ser la atención al sistema empresarial
estatal”.
Aclaró que “no es una
cuestión puramente de los actores económicos no estatales. Es un diseño del
sistema de dirección de la economía ajustada a las condiciones actuales, que no
son las mismas de hace 10 o 15 años, y que evidentemente implica un papel de
los organismos globales, de los organismos ramales e instituciones, que puedan
hacer una función más directamente de atención a los sistemas empresariales,
estatales y no estatales”.
Subsidios, ahorro y mercado
cambiario
Gil Fernández explicó qué
hay cuestiones importantes en las que es imprescindible ganar consenso social,
como los subsidios, “una de las cuestiones incluida en las medidas y que varias veces se
menciona. Porque cuando uno dice ‘vamos a subir el precio del
combustible’, ‘vamos a subir el precio de la tarifa de la electricidad’, lo
que está detrás es eliminar el subsidio”.
Sobre este tema, subrayó que
“hay que entender, en primera instancia, que los subsidios cuestan,
porque a veces, en las cosas que leemos, en algunos estados de opinión, en
algunos trabajos técnicos, se traslada a nuestra población y a la opinión
pública que, para evitar que la población enfrente determinado costo, entonces
el Estado lo subsidia.
“Pero hay que comprender que
cuando el Estado lo subsidia, nos cuesta a todos. O sea, se dice que ‘para
evitar que la población pague determinado costo, vamos a dar el precio a la
mitad y que la otra mitad la asuma al presupuesto’. ¿Qué es el presupuesto? El
presupuesto tiene los ingresos y los gastos del país. Por lo tanto, cuando lo
asume el presupuesto, lo asume el país. Y cuando lo asume el país, lo asumimos
todos, bien sea porque dejamos de poner esos recursos en otra actividad, o
porque tenemos que ampliar el déficit fiscal.
“Y si ampliamos el déficit
fiscal, porque no tenemos suficientes ingresos para asumir ese 50% del precio,
y emitimos dinero en circulación para poder respaldar ese 50%, es a su vez
inflacionario, ¿y esa inflación quiénes la pagan? La pagamos todos y la
pagan los más vulnerables, porque la inflación después afecta a todos por
igual, pero el que tiene más capacidad de compra, puede comprar más caro; el
que no tiene más capacidad de compra, no puede comprar.
“Entonces, a veces, con la
mejor intención de proteger, el efecto que tienen esas prácticas en el mediano
plazo es realmente inflacionario y afecta, está afectando o estamos afectando a
la población y, dentro de esa población, a los más vulnerables”.
Agregó que “si no
subimos el precio del combustible, la pregunta es quién lo paga. ¿El
presupuesto del Estado? ¿Con qué dinero? Con el propio dinero que estamos
recaudando vía impuestos o dejando de poner recursos en otro. ¿Con qué
divisa compramos el combustible que vamos a vender después de subsidiado?¿Con
la misma divisa que dejamos de dedicar a los alimentos? ¿Con la misma divisa
que dejamos de dedicar a los medicamentos?
“Hay que entender que detrás
de esto no hay una cosa etérea, que uno dice ‘bueno, esto lo quitamos y lo
asumimos nosotros’. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros lo que manejamos son los
mismos recursos que tiene el país. Y son recursos del pueblo. Ese es un primer
elemento que hay que tomar en consideración para comprender por qué estamos
planteando, entre las medidas, la corrección de determinados precios, que
tienen por detrás altos niveles de subsidio, que no solo no son sostenibles
para el país, sino que los estamos asumiendo equitativamente entre todos”.
Como un segundo
elemento, Gil Fernández mencionó el asociado con el ahorro.
“Nos hace falta ahorrar,
pero nos hace falta desde la economía, también, identificar incentivos al
ahorro, porque no basta solo con la campaña comunicacional y el llamado a la
conciencia. Eso es muy importante, yo diría que lo principal, pero también los
precios tienen que mandar señales.
“Usted ve lo que pasa en el
extranjero. Muchos países, incluso desarrollados, debido a los precios que
tienen el gas, determinados componentes de portadores energéticos, la gente
tiene que ahorrar obligatoriamente. Aquí hay quejas de la población también,
relativas a quienes tienen mayor consumo; incluso, en determinadas actividades
económicas del sector no estatal que son altos consumidores de energía”, dijo.
Reiteró que las medidas
están más destinadas a tratar de incentivar el ahorro que a un fin
recaudatorio.
“Lo que más nos interesa es
que las personas que más energía o combustible consumen, a partir de tener que
pagar un precio superior, incorporen medidas de ahorro a su sistema de vida.
Ahora, si no lo pueden ahorrar, tienen que pagar un costo más elevado.
“Pero tienen la posibilidad
de autoajustarse, hasta un determinado límite. Y eso es lo que estamos
buscando, el incentivo que estamos buscando con estas políticas de
eliminación de subsidios y de traslado de costos reales a los precios finales”,
explicó.
Agregó que el
mercado cambiario es hoy por hoy una de las distorsiones principales que está
enfrentando la economía, y no es de diseño.
“No diseñamos ese mercado
cambiario informal o ilegal que está operando en el país, pero todos sabemos, y
todo nuestro pueblo conoce, que una parte importante de las divisas que
adquieren los actores económicos no estatales, las adquieren en ese mercado cambiario
informal.
“Por eso usted lee los
estados de opinión, lo publican ustedes en Cubadebate, de
que los únicos que tienen productos son las mipymes, que las mipymes sí pueden
importar y pueden vender, que tienen flexibilidad para los precios, que la
empresa estatal está con las manos amarradas e, incluso, hay empresas estatales
que para acceder a insumos se han encadenado con mipymes, porque estas
adquieren la divisa e importan la materia prima o los insumos finales”, dijo.
“Eso lo tenemos que ordenar.
Si fuéramos el neoliberalismo, dejábamos correr el mercado cambiario o lo
ordenábamos con reglas de mercado, exclusivamente.
“Entre las medidas
planteadas está recuperar la gestión de las divisas por el Estado, porque parte
de lo que nos está pasando hoy, el hecho de que hay menos oferta estatal y más
oferta del sector privado, es porque el sector privado, de alguna manera, está
adquiriendo esas divisas en el mercado informal, el mercado ilegal, y esas
divisas no están entrando al sistema financiero nacional. Por lo tanto, las
empresas estatales se están quedando prácticamente sin fuentes de asignación de
divisas y ya hay divisa que se está moviendo en ese circuito.
“Hay compañeros que nos
dicen y usted lo lee a veces en algunos trabajos: ‘No se metan con eso, eso es
una divisa adicional, esa divisa no es la del Estado, esa es una divisa que se
genera al margen del Estado’. ¿Cuál es la divisa que es adicional, que no es la
del Estado? Esa divisa que entra por los aeropuertos del país también es divisa
que viene desde el exterior, es remesa que antes captaba la economía y que
ahora se está moviendo en ese circuito. Si no, el Estado tuviera más dinero.
“¿Por qué el Estado en
ocasiones no está en capacidad de ser oferente de bienes y servicios como
debería ser? Parte de esas divisas se mueven en el otro circuito. Si hubiera
para los dos… Pero es que no hay para los dos en las condiciones actuales
realmente. En ocasiones, nosotros nos vemos con el barco de arroz de la canasta
sin tener dinero para pagar y, entonces, hay transacciones en el mercado
informal de divisas para importar bienes (que no estamos diciendo que no sean
necesarios para el país, pero no son los imprescindibles), pero para el barco
de arroz de la canasta, que lo se lo damos a toda la población, incluyendo a
los del sector no estatal, no tenemos financiamiento. Eso hay que corregirlo”.
Seguidamente, preguntó cómo
se logra corregirlo. “Con políticas que no son neoliberales, con políticas que
conduce el Estado; políticas que debemos concebir con hacerlas con
razonabilidad, con objetividad. Pero el Estado tiene que recuperar la gestión
de la divisa.
“Y, ojo, que el tipo
de cambio del mercado informal o ilegal que no se maneja desde la política
monetaria del país, se manipula. Eso lo sabemos todos, por más que se
quiera a veces transparentar con modelos matemáticos; se manipula y es un
referente para la formación de los precios internos de la economía, y la
población lo paga. Influye en la inflación y es algo ante lo cual nosotros no
podemos virar la cabeza”.
Recordó que parte del monto
que implica pérdida de poder de compra del país se está moviendo en esos
circuitos, “pero el que tiene que responder por comprar la canasta es el
Estado, el que tiene que responder por comprar combustible es el Estado, y el
que tiene que responder por comprar los medicamentos es el Estado.
“Y, repito, como no vamos
hacia el neoliberalismo, el Estado no va a decir ‘bueno, pues que sea el
mercado el que se ocupe de eso. Se acabó la libreta, que la gente compre
alimentos en los mercados de oferta y demanda; el combustible que lo importen y
lo vendan en dólares y recuperen los costos, y los medicamentos, bueno,
privatizaremos la salud’.
“Ese es el neoliberalismo.
Nada de eso tiene que ver con las medidas que estamos implementando. Lo
que estamos implementando es para una intervención del Estado que asegure la
sostenibilidad económica del país y una conducción responsable de la economía y
de la actividad económica y social que sea efectiva. Estas
distorsiones, que en estos años, por todas las complejidades que hemos estado
enfrentando, han estado presentes, estamos a tiempo de corregirlas, y es lo que
vamos a hacer”.
¿Qué cambia en materia de
impuestos y tributos?
Al intervenir en la Mesa
Redonda de este miércoles, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir
Regueiro Ale, reiteró que estas medidas no son neoliberales.
“Precisamente, el
presupuesto y la ampliación de los gastos concebidos en este presupuesto, donde
se ha puesto prioridad en sectores básicos como salud, educación, cultura,
deporte, conquistas de nuestro proyecto social, muestra cómo va creciendo el
gasto como política fiscal de seguir respaldando, aun en estas condiciones, un
compromiso histórico de generar y garantizar para nuestro pueblo”, dijo.
El ministro refirió
que hay ligeros incrementos para respaldar una recuperación de niveles
de actividad en estos sectores. En ese sentido, también hay
indicaciones metodológicas, perfeccionamiento de mecanismos de control, también
sobre esos gastos en cada uno de los sectores.
“Es un presupuesto que crece
en esa dirección, que sigue apostando por garantizar los servicios sociales.
Pero, para hacerlo, tenemos que establecer medidas financieras de regulación,
de control. Y en ello se expresan los tributos, donde los aranceles también son
tributos, el impuesto aduanero reconocido en la Ley 113, Del Sistema
Tributario.
“Actúan no solo como
mecanismos de acercar recursos para tomar decisiones de gasto, es decir, como
fuente de recaudación de ingresos (lo cual es necesario y tenemos que seguir
potenciándolo), sino también como mecanismos de ordenación y control y vía de crear
incentivo, para, a través de estos mecanismos financieros, estimular
determinadas actividades”, explicó.
“En el área de los
impuestos, abrimos una tarea, que es revisar todas las exenciones, las
bonificaciones fiscales concedidas para todos los actores estatales o no
estatales y en los distintos sectores, porque es necesario evaluar cuál ha sido el
real efecto que han tenido, y si su comportamiento se corresponde con el
objetivo de incentivo, de crecimiento económico, de generar mayores servicios y
niveles productivos, según el sector de la economía para el cual opera este
tipo de incentivos.
“Este es un trabajo que
abrimos desde inicios de este año y no compete solo ni podemos concebirlo desde
el Ministerio de Finanzas. Tienen que participar el resto de los organismos
globales y los ramales. Nos apoyamos también en la academia, consejos técnicos
asesores, centros de investigación, institutos de investigación de la economía,
que nos aportan para tener las mejores valoraciones y proponer las decisiones
de adecuación cuando correspondan”.
Regueiro señaló que hay
decisiones que comienzan a implementarse desde el 1 de enero, tal como quedaron
aprobadas en la Ley del Presupuesto presentada a la consideración de la
Asamblea Nacional, como la suspensión de los incentivos de las
exoneraciones para el pago de los tributos, aprobados con la constitución de
los nuevos actores económicos, sea para cooperativas no agropecuarias o para
mipymes.
Recordó que, a raíz de su
constitución, si estas derivaban de una reconversión de una actividad anterior,
podían disfrutar de un periodo de exención del pago de tributos de seis meses.
Si eran de nueva creación, el periodo era un año.
“Esto en el primer efecto en
cuanto a fiscalidad es la pérdida recaudatoria, el sacrificio fiscal que
significa para el presupuesto la obtención de estos recursos. Es un sector que
ha crecido y ha demostrado capacidad económica y contributiva. No estamos en
condiciones de mantener decisiones como esa. De hecho, todas las
exoneraciones o los beneficios deben concebirse con un criterio de
temporalidad.
¿Por qué? Porque el sistema
tributario se basa en principios generales de imposición, el principio de la
generalidad, de que todos aquellos que estén en similares condiciones tributen
conforme con las reglas establecidas, desde la ley del sistema tributario”,
dijo Regueiro Ale.
Recordó que la justicia
social y la redistribución se aplican también en términos tributarios cuando se
aplican aplicamos con criterios de igualdad, equidad tributaria, los tributos
establecidos. Apuntó que es por ello que desde el 1 de enero quedan suspendidos
estos beneficios.
“Todos los nuevos actores
constituidos, algunos más consolidados que otros, que empiezan a tener otra
relación en el entramado económico de nuestro país, comienzan a tributar bajo
las mismas reglas que el resto, a pagar los impuestos sobre las ventas, sobre
los servicios, sobre las utilidades, es decir, sobre las ganancias que
obtienen”, dijo el ministro de Finanzas y Precios.
Esto –señaló– “favorecerá el
crecimiento de los ingresos necesarios para soportar ese crecimiento en los
gastos que tiene el presupuesto y recuperar gradualmente el resultado
deficitario, logrando un mejor resultado presupuestario en los próximos ejercicios
fiscales”.
Según el ministro, en
relación con la aplicación de los tributos, específicamente a las micro,
pequeñas y medianas empresas, se ha tomado la decisión de extender a
todas las operaciones de comercialización la aplicación de los impuestos sobre
ventas y sobre servicio.
“Hasta ahora –dijo–, la
aplicación de esos tributos se circunscribía a la comercialización minorista de
bienes, pero hemos visto el crecimiento que han tenido las mipymes como
suministradores para determinados sectores, sobre todo en la actividad comercial.
Esto generó importantes niveles de ganancia que expresan una capacidad
económica que no estaba sometida a imposición.
“Era un tratamiento que les
distinguía del resto de los actores económicos. Realizan la tributación, o
tributan el impuesto sobre las ventas y sobre los servicios, por la generalidad
de su actividad comercial, es decir, por todos los ingresos, sin distinción de
si se trata de una comercialización mayorista o minorista. Y esto comienza
también a partir del 1 de enero, con todas las reglas de vencimiento a las
obligaciones al cierre del mes”, informó.
Adelantó que se ha previsto
la asesoría que desde las oficinas de administración tributaria tendrán estos
contribuyentes para que regularicen estas obligaciones, a partir del próximo
ejercicio fiscal.
“Es una forma de aplicar con
criterio de generalidad y logramos mayor justicia en la implementación de los
impuestos para estos nuevos actores que se insertan en la economía. Han
transcurrido prácticamente dos años y medio desde que esos beneficios fueron
concebidos. Esta es una de las medidas que en materia de impuestos va a
contribuir a tener mayores recaudaciones”, señaló.
Regueiro refirió que otra
de las adecuaciones en temas de impuestos es un incentivo que se realiza con la
aplicación del impuesto aduanero o del arancel.
“Un incentivo que está
dirigido a fomentar las importaciones de bienes intermedios, de insumos, de
materias primas que propicien el desarrollo del sector productivo en nuestro
país, tanto de los actores económicos estatales como de los no estatales,
incluso de la concertación y de la articulación de procesos productivos que
puedan realizar de forma conjunta.
“Se explicaba en la Asamblea
que ya al cierre de noviembre las importaciones realizadas por los actores
económicos no estatales superan los 1 000 millones de dólares. Es una cifra
importante y esas importaciones se caracterizan, por lo general, por ser productos
terminados. Eso no aporta valor agregado a nuestra economía
“Lo que realmente va a
lograr que haya una reactivación en la economía es que logremos el desarrollo
productivo, que haya procesos productivos de creación de bienes, de prestación
de servicios, con las capacidades que tiene nuestra industria, que tenemos que
seguir desarrollando. Eso lo podemos hacer con los actores estatales y también
en una mayor integración real, no solo como suministradores, como ha ocurrido
en ocasiones, sino también que se compartan responsabilidades, riesgos en estos
procesos.
“Hay una capacidad
importadora que debemos estimular en función de que, en lugar de productos
terminados, se importen insumos y materias primas”, explicó.
Precisó que el incentivo
consiste en una reducción en un 50% del impuesto aduanero, la tarifa
arancelaria que está establecida actualmente para la importación de esa
mercancía.
Reconoció que hay
complejidades, “porque una mercancía, en dependencia del destino, puede ser un
producto terminado o puede ser una materia prima. La misma harina de trigo
pudiera ser el insumo de un proceso productivo o un producto listo ya para la
venta en una comercialización minorista”.
Por eso –informó–, la
resolución que próximamente emitirá el MFP para regular el nuevo marco
que facilita las importaciones de insumos y materias primas, implicará
el análisis particular de cada proyecto de importación, del destino, la
verificación de está destinada hacia un proyecto productivo que aporte a
dinamizar nuestra economía.
“Este es un beneficio para
todos los actores sin distinción: estatales o no estatales, incluso para
proyectos conjuntos”, añadió, y apuntó que es de implementación inmediata, con
su próxima publicación en la Gaceta Oficial.
“Como estamos disminuyendo
los aranceles para estos insumos y materias primas, es necesario incrementar
las tarifas arancelarias para la importación de mercancías que tienen similares
en producciones nacionales. Es una protección para nuestra industria y
la economía nacional.
“Estamos hablando productos
de los que ha habido una importación considerable, fundamentalmente por actores
económicos no estatales, pero también por entidades estatales”, dijo.
El arancel que actualmente
se está pagando por esta mercancía como promedio oscila en la categoría general
del arancel. Regueiro Ale apuntó que el arancel se maneja con dos
categorías, una general y una de nación más favorecida, que, dadas
nuestras condiciones del comercio, es la que más se aplica, entre un 10 y un
5%.
“Es decir, la tarifa
efectiva viene siendo de un 5%, y la medida concibe un incremento de la tarifa
general a un 30% y de aplicación efectiva para la nación más favorecida de un
15%. Incrementamos los aranceles para estos productos que tienen producción nacional
similar que debemos continuar estimulando y protegiendo con nuestros recursos
endógenos, nuestra infraestructura, con nuestra industria, con la combinación
de los sectores primarios y el sector de manufactura, buscando favorecer las
exportaciones y también mayor presencia de nuestras producciones en el mercado
nacional. Es una regulación general, para todos los actores que realicen
importaciones”.
Agregó que una de las
correcciones en el área de las importaciones ocurre precisamente con las formas
de gestión no estatal.
“Desde agosto del 2022 se
reconoció que para las formas de gestión no estatal opera una tasa de cambio
donde un dólar es equivalente a 120 pesos cubanos. Sin embargo, no lo habíamos
implementado en relación con el cálculo y pago de los aranceles. Es un momento
de rectificarlo. Esto implica que el valor del arancel tome en cuenta que por
cada dólar de importación son 120 pesos lo que significa esa factura”, explicó.
Para ello se han realizado
las coordinaciones con la Aduana General de la República y “estamos
puntualizando la implementación con todas las empresas que prestan servicios de
importación a las formas de gestión no estatal. Incluso, con formas de gestión no
estatal que están aprobadas para prestar esos servicios entre ellas mismas. Son
medidas generales en temas de aranceles que tenemos que tomar en
consideración”, dijo.
Añadió que una medida que ha
tenido un efecto favorable para la población, se relaciona con “una exoneración
del pago de aranceles, incluso liberación de los límites para la importación
durante varios periodos, de productos como los de aseo, alimentos, medicamentos
y algunos implementos médicos”.
Esos beneficios arancelarios
(para personas no naturales en condición de pasajeros, vía equipaje acompañado
o no acompañado) vencen el 31 de diciembre, pero se ha tomado la
decisión de prorrogarlos un trimestre, hasta el 31 de marzo.
Regueiro Ale señaló que se
han estudiado comportamientos que distorsionan el sentido de la medida,
personas que han utilizado ese mecanismo para suministrar mercancías para sus
propios negocios, incluidos algunos que no son lícitos ni tienen las autorizaciones
correspondientes.
“No vamos a restringir estos
beneficios, pero sí pondremos más rigor y control en el seguimiento de esas
cadenas donde se está distorsionando el sentido de estas importaciones libres
de aranceles. Es una de las cuestiones que tendrá adecuaciones progresivas
como parte de estas medidas”, dijo.
Sostuvo que las medidas,
tanto tributarias como financieras, hay que verlas en su conjunto.
“Son medidas de regulación y
control que tendrán un efecto general de favorecer los ingresos, generar
incentivos y, sobre todo, progresivamente, propiciar mejores condiciones para
el desempeño de la economía, para que haya mayor producción y podamos redistribuir
la riqueza que se genere con principio de equidad”, afirmó.
Inflación y precios
El ministro de Finanzas y
Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió a la inflación y el déficit fiscal
como retos importantes de la economía nacional sobre los que está trabajando la
dirección del país y que afectan directamente en la vida de la población.
Afirmó que en los
últimos meses, los precios han crecido menos, pero siguen creciendo. “Hay
condiciones estructurales, como que no se logran los niveles productivos que
nos proponemos, la falta de suministros e insumos que afectan la adquisición de
fertilizantes, por ejemplo, con efecto en el sector agropecuario.
“Es precisamente en ese
escenario donde tenemos menos ofertas y no hemos podido cubrir con las ofertas
estatales las necesidades que tiene la población, donde el papel de la
regulación tiene que ser más fuerte”, dijo.
El ministro agregó que
“tenemos que ser mucho más celosos que hasta ahora con este tema, para lo cual
hemos creado mecanismos y no estamos en el mismo punto que el año pasado,
porque hemos ido aprendiendo a enfrentar estas nuevas condiciones en la economía”.
Regueiro Ale señaló
que en años anteriores ha habido una inflación natural y un crecimiento
de los precios, pero no en cifras tan elevadas como las de estos tiempos.
“Se creó el Comité de
Concertación de Precios, asistimos a un proceso de descentralización de los
precios dirigido hacia el sector empresarial, centrando en las autoridades del
MFP los precios sobre los productos más sensibles para la población, lo cual implica
una protección. Pero esos mercados de precios regulados son precisamente los
que mayores afectaciones tienen en cuanto al suministro”, comentó.
Según Requeiro Ale, ha
habido una expansión de ofertas no reguladas del sector no estatal en las que
los precios no solo han sido altos (respondiendo a la distorsión de la tasa de
cambio ilegal, que es el mecanismo de reaprovisionamiento de mercancías para
ese comercio), sino que también ha habido precios especulativos y abusivos.
“Cuando se revisan los
costos, incluso con las tasas de cambio distorsionadas, los márgenes de
utilidad y ganancias son exacerbados y no responden a los niveles normales que
debe tener cualquier actividad comercial o productiva”, afirmó el ministro y
agregó que ha habido un nivel de enfrentamiento.
“Es una actividad que se ha
organizado con mayor rigor y sistematicidad, aún insuficiente, desde los
Gobiernos locales, si revisamos los niveles de imposición de multas. La
solución está por el camino de lograr mayores ofertas, como ha sucedido con
productos agropecuarios de estación como el tomate. Si hay mayores niveles
productivos, hay mayor presencia en el mercado y bajan los precios, ese es el
camino.
“Tenemos que ser mucho más
rigurosos con todos los actores no estatales y estatales de la economía,
porque también en las empresas del Estado ha habido distorsiones de las
facultades que se les han otorgado para la formación de precios. La actividad
de control y regulación es una de las prioridades del MFP y las OSDE”, sostuvo.
Subrayó que aún es
insuficiente la capacitación en fichas de costo, a lo que hay que prestar
atención.
“En julio se emitió la
Resolución 148, que actualizó la cuestión de las fichas de costos y precios
para todos los productos, se realizó un amplio proceso de capacitación y se
comenzó a implementar esa regulación con mayor alcance en el sector empresarial
estatal, que sirve como referencia para el sector no estatal en cuanto a la
configuración de los documentos para dejar constancia de sus operaciones.
“Sin embargo, es
necesario tener, para determinados sectores, producciones y niveles de consumo
una regulación de mayor alcance, que controle en el escenario actual, sin
desconocer las condiciones de oferta y demanda que siempre van a estar
presentes”, explicó.
Al respecto, adelantó que se
han estudiado algunas propuestas y que se debe tener precisión en la
elaboración de una nueva regulación centralizada, con rango nacional, sobre los
precios máximos de algunos productos que, con independencia de quien los comercialice,
son básicos para la población.
Entre esos productos,
mencionó el pollo importado que se vende a precios muchas veces
especulativos.
Aclaró que no se trata de
regularlo todo en un sistema que sea ingestionable y que limite la propia
dinámica de concertación de los precios, pero hay consumos que hay que proteger
para la población, entre ellos los de productos del agro.
“Son regulaciones que tienen
que estar en consonancia con las características productivas de los
territorios, con las capacidades y los niveles de consumo”, dijo.
“El mecanismo de
concertación de precios lo que necesita es más rigor, más sistematicidad y
mayor participación de los propios productores, en un contexto en el que la
oferta está bastante deprimida”, concluyó.
¿Qué medidas entran en vigor
el primero de enero?
En los minutos finales de
la Mesa Redonda, el vice primer ministro y ministro de Economía,
Alejandro Gil Fernández, dijo que el primero de enero celebraremos con júbilo,
optimismo y seguridad en la victoria el 65 aniversario de la Revolución.
“Ese día empezaremos
igualmente a implementar las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar
las distorsiones e impulsar la economía, con la gradualidad requerida”,
anunció.
Las primeras medidas que
entrarán en vigor son las anunciadas por el ministro Regueiro Ale, relativas a
los aranceles y que estimulan la producción nacional al disminuir aranceles a
los productos intermedios e incrementar los de los productos terminados.
También, las exoneraciones
fiscales, teniendo en cuenta las consideraciones explicadas por el ministro de
Finanzas y Precios, con el propósito de incrementar los ingresos del presupuesto del
Estado.
El vice primer ministro
agregó que entrarán en vigor el primero de enero las justas medidas que
benefician a los trabajadores de los sectores de educación y salud
pública.
“Hay una gradualidad en la
implementación del resto de las medidas, que se irán informando en los espacios
sucesivos de la Mesa Redonda”, dijo.
Adelantó que no
entrará en vigor el primero de enero ninguna de las medidas vinculadas al
aumento de precios, incluyendo los del combustible, y las tarifas de
electricidad, transporte, gas y otros servicios.
Gil Fernández llamó la
atención sobre la urgencia de poner mano dura en los precios. “No hay
justificación alguna para el incremento de determinados precios, pues ninguna
de estas medidas ha entrado en vigor ni entrará la próxima semana”, apuntó.
Igualmente, sostuvo que hay
que poner mano dura en el cobro de los impuestos, “pues estamos apreciando
evasión fiscal en el país y de eso depende la sostenibilidad del presupuesto
estatal”.
El ministro de Economía y
Planificación comentó que, de manera general, las medidas han tenido
aceptación y comprensión por la población, aunque hay preocupaciones en cuanto
a su implementación, sobre todo las relacionadas con el incremento de
precios.
Reiteró que con las medidas
se espera corregir distorsiones para reimpulsar la economía del país, alcanzar
una distribución más justa y equitativa de las riquezas, eliminar subsidios y
estimular la producción.
“De esta situación compleja
se sale trabajando, produciendo, con más eficiencia, respaldando la producción
nacional, haciendo un uso más eficiente de las divisas con que cuenta el país.
Hacia eso están encaminadas estas medidas”, afirmó.
El objetivo –dijo– es crear
un escenario más favorable para el reimpulso de nuestra economía, “sin que
ninguna de las medidas sea mágica, con costo cero. Toda medida tiene riesgos e
implicaciones que hay que atender con la debida integralidad”.
El vice primer ministro
concluyó señalando que el primero de enero “iniciamos un año con
transformaciones importantes en nuestra economía, que dan continuidad a
transformaciones implementadas en años anteriores.
“Será un año enfocado en la
corrección de un conjunto de distorsiones, en el reordenamiento monetario y
económico del país, en el ordenamiento del sector no estatal”.
El 2024 “será un año
importante para Cuba, en el que hace falta mucha unidad, comprensión y
confianza en que lo que se está haciendo busca el beneficio de la población.
“No hay ningún sentido
neoliberal”, subrayó y agregó que “el Gobierno se involucra mucho más para
obtener los resultados previstos”.
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Etiquetas: Comunicación EMSIL Comunicando EXTRA. Jueves 28 de diciembre de 2023; Medidas económicas; Cuba 2024